TRAGEDIA DE RUTA 33: DOS AÑOS SIN JUSTICIA

Generales 24 de febrero de 2019 Por
estrellas amarillas tragedia Monticas

Se cumple un nuevo aniversario de la tragedia vial más dolorosa de los últimos tiempos. La lentitud de la justicia y un Estado provincial ausente no hacen más que aumentar la angustia de los familiares y sobrevivientes del accidente.

El 24 de febrero se cumplen dos años de la denominada “tragedia de Monticas”, siniestro que provocó la muerte de 13 personas —incluidos los dos choferes— y dejó una treintena de heridos, cuando dos colectivos de esa firma colisionaron en la ruta 33 al reventarse el neumático de uno de estos. La rueda que explotó en el interno 145, que circulaba desde Pérez hacia Zavalla, era un neumático usado, fabricado en 2011, y su empleo no estaba recomendado.

El 11 de diciembre de 2018 (22 meses después del siniestro) fueron imputados cinco directivos de la empresa Monticas S.A. por el delito de homicidio culposo agravado. En una causa en la que declararon más de 60 testigos, entre ellos muchos sobrevivientes, se imputó a tres miembros del directorio, al gerente y al jefe de taller por haber tenido una “conducta negligente e imprudente” y “por omisión del deber de vigilancia, control y supervisión de las adecuadas condiciones de seguridad del servicio”.

Las imputaciones tuvieron que ver con “el rol preponderante que cada uno de los acusados tenía dentro de la empresa. Los coches debían salir en buen estado a la ruta y se comprobó que no era así. El siniestro se produjo claramente por la explosión del neumático y no porque tenía una falla, sino porque no estaba apto para usarlo en la ruta”, resumió el fiscal de la causa, Walter Jurado, en una entrevista publicada por Rosario12.

Ninguno de los cinco imputados se encuentra detenido.

La empresa, que dejó de operar tras el accidente, estaba en la mira desde hacía mucho tiempo ante las denuncias de infinidad de usuarios por irregularidades en el servicio.

Una justicia lenta no es justicia. No lo es para las víctimas que aún cargan con múltiples secuelas físicas y psicológicas. “Estamos solos como lo estaban los pasajeros el día del accidente, cuando no había cinturones de seguridad y los coches estaban rotos”, afirmó una de las familiares de las víctimas al cumplirse el primer aniversario del incidente. El Gobierno provincial ofreció asistencia, pero las ayudas fueron mínimas (3 mil pesos inmediatamente después del accidente) y todavía hay víctimas que esperan ser contenidas por el Estado.

Si bien la Justicia reconoce —tardíamente— la responsabilidad empresaria en la tragedia, parece hacer oídos sordos al reclamo de familiares, sobrevivientes y usuarios cuando se señala la complicidad gubernamental: el control de la concesión, el servicio y el estado de las unidades corresponde a la Subsecretaría de Transporte de la provincia y a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT). De estos organismos sigue dependiendo la vida y la seguridad de todos los usuarios de un servicio que ha sido deficiente y que hoy, además, es sumamente caro.

Te puede interesar